Por algo se empieza... esto es en Umbrete (Sevilla)
Sentencia: La ampliación de la jornada a 37,5 horas semanales es inaplicable al personal público no estatal
Mar, 13/11/2012 - 19:10 - AdminContenWeb
La ampliación de la jornada a 37,5 horas semanales es inaplicable al personal público no estatal, o dicho de otro modo, su aplicación a los trabajadores públicos no dependientes del Estado Central sería ilegal, nula de pleno derecho en su aplicación fuera de este entorno de administración o servicios públicos; y además si se diese el caso de que un convenio colectivo regulara el exceso de jornada como horas extraordinarias, habría que satisfacerlas de ese modo conforme a los artículos 34 y 35 del Estatuto de los Trabajadores. Así lo expresa y condena en su sentencia el magistrado juez titular del Juzgado de lo Social N° 7 de Sevilla, en su Sentencia número 377/2012 de 18 Oct. 2012, procedimiento número 846/2012, que adjuntamos al presente comentario.
El
asunto viene a colación a raíz de dirimir un conflicto colectivo de los
trabajadores del Ayuntamiento de Umbrete en Sevilla sobre la ampliación de
jornada laboral. El magistrado juez aprecia la nulidad de la decisión de
ampliación de la jornada del personal laboral municipal a 37,5 horas semanales,
debiéndose abonar a los trabajadores como horas extraordinarias las 2,5 horas
semanales de exceso realizadas. Pues la decisión de
ampliación de jornada se fundó en la exposición de motivos y en el artículo 2
del RDL 20/2011, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y
financiera para la corrección del déficit público, sin embargo la exposición de
motivos carece de efecto normativo vinculante, debiendo acudirse a lo allí
dispuesto solo a los meros efectos interpretativos. Y asegurando que en cuanto
al artículo 2, del precepto mencionado, éste establece que las corporaciones
locales constituyen sector público tan solo a efectos de las retribuciones de
personal, que no es el caso. Por lo que deduce, que el
concepto de sector público no es único para todas las materias del RDL 20/2011,
y, en concreto, en lo relacionado con la reordenación del tiempo de trabajo se
establece para el sector público estatal, por lo que se excluye a los
organismos locales y a las comunidades autónomas.
Asegura que la ampliación de la jornada, por tanto deberá someterse al proceso
negociador con la representación legal de los trabajadores y al no haberlo
hecho la decisión es nula de pleno derecho.
El
magistrado juez desgrana con minuciosidad en el fundamento de derecho segundo
de la sentencia que aprecia la nulidad desde el momento en que el demandado, el
ayuntamiento, apoya su actuación y con ello su defensa en que tanto la
exposición de motivos de dicha norma, como su artículo 2, disponen que va
dirigida a la totalidad del sector público, con inclusión en el mismo de las
corporaciones locales.
Sin
embargo, el magistrado aprecia en este fundamento de derecho que la exposición
de motivos de cualquier precepto carece de efecto normativo vinculante,
debiendo acudirse a ella solo a los meros efectos interpretativos y cuando la
oscuridad o la antinomia de su articulado lo hagan preciso, lo que como se verá
a continuación no es el caso.
Siguiendo
en su disertación, que por su parte el artículo 2, de esta misma norma,
establece que las corporaciones locales constituyen sector público tan solo a
efectos de las retribuciones del personal, lo que no es el caso que nos ocupa.
El hecho, de que el propio artículo 2, que regula solo dichas retribuciones, se
ocupe de definir lo que ha de entenderse por sector público, ya nos muestra que
ese concepto de sector público no es único para todas las materias que regula
el R.D.L. 20/11 pues en otro caso hubiera hecho una declaración general de lo
que ha de entenderse por sector público, a todos los efectos resultantes del
citado precepto.
En
efecto, la norma recurrida sigue este criterio distintivo en sus efectos cuando
en el artículo 4, dedicado específicamente al objeto de este litigio, es decir
a la reordenación del tiempo de trabajo de los empleados públicos,
estableciendo una jornada de 37,5 horas semanales, al expresar que será
aplicable al sector público estatal, del que no forman parte las corporaciones
locales. El empleo del vocablo estatal introduce el criterio diferenciador con
lo establecido en el artículo 2. Queda pues claro que la norma, para las
retribuciones, es de aplicación al sector público, sin adjetivos y con expresa
indicación de las entidades que lo componen, con inclusión de las locales, lo
que se hacía preciso ante la generalidad del término "sector
público". No así en el artículo 4, dedicado a la jornada, que se limita a
aplicarlo al sector público estatal, sin necesidad de precisar qué entidades lo
componen, pues el adjetivo estatal ya excluye a los organismos locales y a las
comunidades autónomas.
No
cabe por tanto, según el magistrado que sentencia, acudir a una interpretación
integradora con otras partes de la norma cuando la que es objeto de
interpretación, el artículo 4, no deja margen a la duda, por indicar
expresamente el sector al que resulta aplicable, que no es otro que el estatal.
Así
pues, el magistrado juez de este Juzgado de lo Social estima la demanda
interpuesta y declara la nulidad de la decisión de la Corporación Local
empleadora de ampliar la jornada a 37,5 horas semanales y condena a la misma a
mantener la jornada de 35 horas semanales y a abonar a sus trabajadores corno
horas extraordinarias las 2,5 horas semanales de exceso realizadas, pues en
este caso así lo amparaba su convenio colectivo.
La
sentencia que nos ocupa con seguridad será recurrida, pero abre un gran
espectro de actuación legal al respecto, al menos en la calidad interpretativa
de la norma que soporta la ampliación de la jornada laboral de los trabajadores
públicos no estatales, como es nuestro caso, de este modo discrecional con
imposición y sin negociación. En este sentido y por el momento, creemos que no
es bueno alimentar esperanzas, que pudieran ser falsas, a tenor del exclusivo
rigor interpretativo de la sentencia, hasta que sigamos el camino jurídico de
ella en los tribunales superiores, pues con toda seguridad será un hecho
consumado que no tardaremos en ver.
TEXTO
DE LA SENTENCIA
Juzgado de lo Social N°.. 7 de Sevilla, Sentencia de 18 Oct. 2012, proc. 846/2012
Nº de
Sentencia: 377/2012
Nº de
PROCEDIMIENTO: 846/2012
Jurisdicción:
SOCIAL
LA
LEY 154272/2012
La ampliación de la jornada a 37,5 horas semanales no es
aplicable al personal municipal
CONFLICTO
COLECTIVO. CORPORACIÓN LOCAL. Jornada laboral. Nulidad de la decisión de
ampliación de la jornada del personal laboral municipal a 37,5 horas semanales,
debiéndose abonar a los trabajadores como horas extraordinarias las 2,5 horas
semanales de exceso realizadas. La decisión de ampliación de jornada se fundó
en la exposición de motivos y en el artículo 2 del RDL 20/2011, de medidas
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección
del déficit público, sin embargo la exposición de motivos carece de efecto
normativo vinculante, debiendo acudirse a lo allí dispuesto solo a los meros
efectos interpretativos. En cuanto al artículo 2 éste establece que las
corporaciones locales constituyen sector público tan solo a efectos de las
retribuciones de personal, que no es el caso. Por lo que, el concepto de sector
público no es único para todas las materias del RDL 20/2011, y, en concreto, en
lo relacionado con la reordenación del tiempo de trabajo se establece para el
sector público estatal, por lo que se excluye a los organismos locales y a las
comunidades autónomas. La jornada deberá someterse al proceso negociador con la
representación legal de los trabajadores y al no haberlo hecho la decisión es
nula.
El
Juzgado de lo Social estima la demanda interpuesta y declara la nulidad de la
decisión de la Corporación Local empleadora de ampliar la jornada a 37,5 horas
semanales y condena a la misma a mantener la jornada de 35 horas semanales y a
abonar a sus trabajadores corno horas extraordinarias las 2,5 horas semanales
de exceso realizadas.
TEXTO
Procedimiento: 846 /
2012
EN NOMBRE DE S.M. EL
REY
EL
ILMO. SR. D. CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 7 DE SEVILLA, HA PRONUNCIADO LA
SIGUIENTE:
SENTENCIA Nº 377 / 2012
En
SEVILLA, a dieciocho de octubre de dos mil doce, vistos en juicio oral y
público los presentes AUTOS, seguidos en este
Juzgado bajo el número 846 / 2012, promovidos
por UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES contra AYUNTAMIENTO DE UMBRETE sobre Conflicto colectivo,
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 5/7/12 tuvo
entrada en este Juzgado demanda que encabeza las presentes actuaciones, y
admitida a trámite y cumplida las formalidades legales, se señaló el día
16/10/12 para la celebración de los actos de conciliación y/o juicio, en los
que los comparecientes alegaron lo que estimaron pertinente, y luego de la
práctica de la prueba propuesta y admitida, elevaron sus conclusiones a
definitivas, quedando los autos conclusos y vistos para sentencia.
SEGUNDO.- En la tramitación de
este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.
HECHOS PROBADOS
ÚNICO.- El Ayuntamiento de
Umbrete decidió aplicar a sus trabajadores una ampliación de jornada hasta las
37,5 horas semanales, desde el 1 de junio de 2012, en aplicación del Real
Decreto Ley 20/11 y del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para
2012, en los términos expresados en la comunicación obrante al folio 6 de los
autos, cuyo contenido se tiene aquí por reproducido.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Los anteriores
hechos probados resultan de los documentos aportados a los autos.
SEGUNDO.- El sindicato
demandante impugna ¡a aplicación de jornada decidida por el Ayuntamiento
demandado. Esta decisión se funda en que dicha ampliación resulta obligatoria
para el Ayuntamiento en virtud, en primer término, del R.D.L. 20/11. Se alega
por el demandado que tanto la exposición de motivos de dicha norma, como su
artículo 2, disponen que va dirigida a la totalidad del sector público, con
inclusión en el mismo de las corporaciones locales. Sin embargo la exposición
de motivos carece de efecto normativo, vinculante, debiendo acudirse a ella
solo a los meros efectos interpretativos cuando la oscuridad o la antinomia de
su articulado lo hagan preciso, lo que como se verá a continuación no es el
caso.
Por su parte el
artículo 2 establece que las corporaciones locales constituyen sector público
tan solo a efectos de las retribuciones del personal, lo que no es el caso que
nos ocupa. El hecho, de que el propio artículo 2, que regula solo dichas
retribuciones, se ocupe de definir lo que ha de entenderse por sector público,
ya nos muestra que ese concepto de sector público no es único para todas las
materias que regula el R.D.L. 20/11 pues en otro caso hubiera hecho una
declaración general de lo que ha de entenderse por sector público, a todos los
efectos resultantes del R.D.L. 20/11.
En efecto, sigue
este, criterio distintivo en sus efectos cuando en el artículo 4, dedicado
específicamente al objeto de este litigio, es decir a la reordenación del
tiempo de trabajo de los empleados públicos, estableciendo una jornada de 37,5
horas semanales, al expresar que será aplicable al sector público estatal, del
que no forman parte las corporaciones locales. El empleo del vocablo estatal
introduce el criterio diferenciador con lo establecido en el artículo 2. Queda
pues claro que la norma, para las retribuciones, es de aplicación al sector
público, sin adjetivos y con expresa indicación de las entidades que lo
componen, con inclusión de las locales, lo que se hacía precisó ante la
generalidad del término "sector público". No así en el artículo 4,
dedicado a la jornada, que se limita a aplicarlo al sector público estatal, sin
necesidad de precisar qué entidades lo componen, pues el adjetivo estatal ya
excluye a los organismos locales y a las comunidades autónomas. No cabe por
tanto acudir a una interpretación integradora con otras partes de la norma
cuando la que es objeto de interpretación, el artículo 4, no deja margen a la
duda, por indicar expresamente el sector al que resulta aplicable, que no es
otro que el estatal.
TERCERO.- En segundo lugar,
funda la demandada su decisión, en la carta remitida a los trabajadores, en la
aplicación de un anteproyecto de ley, que sin embargo carece de efecto jurídico
mientras no se convierta en ley.
No
obstante, dado que a la fecha actual el anteproyecto se ha convertido en ley,
la Ley 2/12 de Presupuestos Generales del Estado para 2012, de 29 de
junio, la regulación en la misma de esta concreta materia, es decir de la
jornada de 37,5 horas semanales en el sector público, ofrece la misma solución
que el R.D.L. 20/11 pues su disposición Adicional 71a expresa las entidades que a los efectos de
dicha jornada conforman el sector público, sin incluir en ellas a las
corporaciones locales.
CUARTO.- Si la aplicación de
la jornada decidida por la demandada no encuentra apoyo en las nuevas leyes
dictadas, deberá someterse al proceso negociador con la representación legal de
los trabajadores, en virtud del artículo 41 del Estatuto de los
Trabajadores, y al no haberlo hecho su decisión es nula.
QUINTO.- Consecuencia de la
nulidad de la ampliación de jornada es que las 2,5 horas semanales objeto de
ampliación constituyen un exceso sobre la jornada ordinaria de 35 horas
semanales establecida en el Convenio Colectivo que, conforme a los artículos 34
y 35 del Estatuto, tienen la consideración de horas extraordinarias y como
tales habrán de ahornarse.
En su virtud, vistos
los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
FALLO
Que
estimando la demanda interpuesta por UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES
contra AYUNTAMIENTO DE UMBRETE, debo declarar y declaro la nulidad de la
decisión de la demandada de ampliar la jornada a 37,5 horas semanales con efectos
de 1 de junio y debo condenar y condeno a la misma a mantener la jornada de 35
horas semanales y a abonar a sus trabajadores corno horas extraordinarias las
2,5 horas semanales de exceso realizadas.
Notifíquese esta
resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la
misma cabe interponer Recurso de Suplicación ante el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que
deberán anunciar por ante este Juzgado dentro de los Cinco Días hábiles
siguientes al de su notificación.
Así, por esta mi
sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
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